LA DESINFORMACIÓN CIUDADANA Y EL ALTO COSTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Es mínimo el esfuerzo que realiza el ciudadano para enterarse y reclamar sus derechos, y evitar que se tomen decisiones que atentan y vuelven más onerosos el pago por la prestación de sus servicios públicos domiciliarios. Cada mes se deslizan por debajo de las puertas las facturas que contienen el cobro de los servicios de agua, alcantarillado, energía, gas y aseo, adquieren el carácter de una boleta de extorsión. Son pocos los usuarios que se toman el trabajo de mirar, no solo su valor, sino las medidas mensuales del consumo o producción, que son las que definen su costo.

La inmensa mayoría no tiene noción alguna sobre los métodos y fórmulas que definen sus tarifas y la reglamentación de prestación del servicio respectivo. Es bueno recordar que fue la Ley 142 de 1994, que definió el marco de su prestación, permitiendo la participación del sector privado, por ende, su privatización, y delegó su regulación en las respectivas comisiones.

El poder real de la reglamentación reside en estas comisiones. El actual gobierno no ha podido modificar y mejorar sus marcos regulatorios, pues no cuenta con mayorías al interior de estas. Mucho menos ha podido presentar reforma a la Ley 142, pues el congreso, está demostrado, no permite modificación alguna de las leyes de privatización expedidas en desarrollo de las políticas neoliberales implantadas en los gobiernos de Gaviria, y los siguientes.

El pasado mes de octubre, se originó una controversia en pleno Consejo de Ministros, cuando el Presidente destituyó al entonces Viceministro de Agua Potable y Saneamiento Básico, Edward Libreros, en razón a su negativa a expedir un decreto modificatorio del actual régimen tarifario de aseo, señalándolo de favorecer a gremios como ANDESCO, al conocerse una carta del funcionario a este gremio, criticando esta nueva propuesta del gobierno.

El propósito del gobierno es hacer una rebaja importante en el costo actual del servicio de aseo, introduciendo un factor de mecanización en los componentes de barrido y mantenimiento de vías y áreas públicas, alto costo que se le cargó a los ciudadanos desde la Ley 689. También aspira el gobierno una mayor participación en la tarifa a las organizaciones comunitarias de reciclaje, y avanzar en política de basura cero y economía circular. Como usuario del servicio de aseo de ATESA DE OCCIDENTE en Pereira he afirmado que el costo que sufragó es oneroso, y he presentado algunos argumentos para sustentarlo.

Pero quise hacer un comparativo entre las tarifas que un usuario estrato 4 de los municipios de Armenia, Pereira, y Manizales. Los resultados me dejaron sorprendido, los costos no obedecen a reglas uniformes, tengamos en cuenta que son localidades con urbanismo e ingresos muy semejantes, catastro conocido, y aceptable cultura de pago.

Comencemos por Armenia. Población 310.800 habitantes; prestador VERDELIMPIO; costo tarifa estrato 4 es $40.740 (Tarifa plena, no recibe subsidio, ni paga contribución) distribuidos así: cargo fijo son $29.160, cargo variable $8.650 y aprovechamiento $2.930. Pereira, prestador ATESA DE OCCIDENTE; población 482.800 habitantes; costo tarifa estrato 4 $39.740, distribuidos así: Cargo fijo $29.160, cargo variable $10.360 y aprovechamiento $220. Por último, Manizales, prestador EMAS; Población 459.200 habitantes; costo tarifa estrato 4 $54.150, distribuidos así: Cargo fijo $42.550, cargo variable $11.210 y aprovechamiento $390.

Primera conclusión, el servicio más oneroso se paga en Manizales, 35% más que en Armenia y Pereira. La segunda, es que todas estas empresas son de capital privado, y las de Agua Potable y saneamiento Básico para que impulse la reforma de locales nada hacen para vigilar el computo de sus tarifas, solo se dedican a mejorarles el negocio, que no está en la recolección, transporte y disposición de residuos sólidos, sino en la denominada limpieza urbana, o sea barrido de vías y áreas públicas, poda de árboles, corte de césped, lavado de puentes peatonales, limpieza zonas ribereñas de ríos y quebradas, y cestas públicas.

Estas actividades componen el cargo fijo, en gran medida ejecutada de manera mecanizada, el cálculo de su precio está amarrado a mano de obra. La famosa justificación de que la actividad privada es sinónimo de eficiencia y precios justos es una falsedad. Un argumento reiterado para legitimar abusos tarifarios.

Es necesario presionar al Viceministerio de agua Potable y saneamiento Básico para que impulse la reforma para un nuevo modelo de tarifa de este servicio, vigilancia sobre las medidas y frecuencias asignadas para los kilómetros a barrer, poda de árboles y corte de césped. Nadie conoce como hacen estas medidas, si son ejecutadas, y la calidad del servicio. Una conclusión, un ciudadano distraído, es simplemente estafado, esta es una prueba.